Cómo defendería un Líder sus activos críticos vulnerables

El Día Después del Gran Apagón puede reducirse a una caza de brujas o, como lo que aconsejaría cualquier mentor, dedicarlo a aprender: analizar vulnerabilidades, conocer mecanismos, anticipar contingencias, crear protocolos claros de actuación, defender atacando. ¡Si vis pacem para bellum! Aquí va el análisis y parte de la propuesta del IEEL.

Cada vez que un país se enfrenta a situaciones complicadas en cuanto a las decisiones de política que tiene que tomar ese gobierno, surge el inevitable recordatorio de algunos puristas del análisis histórico, político y económico, que nos recuerdan que en realidad la ciencia política y la ciencia económica son campos de conocimiento interdependientes. Que no prevalece en teoría una sobre la otra, pero en los hechos, ocurre que siempre una se convierte en instrumento de la otra, cuando en ocasiones, podríamos incluso aseverar, que una se convierte en esclava de la otra.

Y este tipo de debates teóricos y académicos no se ve a diario, porque en el día a día de las acciones de gobierno y de las actividades de las organizaciones privadas, y a su vez entre medio de ellas, las familias que conformamos los países, hay un flujo constante de interrelaciones que llegan a confundirse en cuanto a su verdadera naturaleza, porque de lo que se trata, siempre desde el punto de vista teórico y filosófico, es que ambas persiguen un fin común: el bienestar de los administrados (ciudadanos) y que las medidas que comparten y aplican ambas disciplinas sirvan para el crecimiento y desarrollo de los pueblos.

Esta creencia en el bienestar actual pero más aún, que se logre en el futuro (las expectativas de progreso de una nación) lamentablemente son con frecuencia defraudadas tanto por la acción política como la económica, pero lo que hay que hacer es desde la concepción teórico-académica es “descorrer el velo” que nos está tapando u ocultando algo.

Por ello, cuando desde el pasado lunes 28 de abril se produjo el apagón de la Península Ibérica, una vez que en las horas posteriores se fue recuperando el fluido eléctrico y las comunicaciones, cuando se empezó a respirar en que este tsunami tecnológico había ya pasado, era el momento de hacer una composición de lugar de en qué situación nos encontrábamos en España a fin de que una circunstancia tan dramática como la vivida que nos paralizó totalmente, no pueda volver a darse. Y esta afirmación no es la que lamentablemente pueda sostenerse, porque es aquí en dónde técnicos y políticos divergen.

Hemos sostenido siempre desde el Instituto Europeo de Liderazgo (IEEL) y desde este Foro, que cuando se pone sobre la mesa un argumento para el debate y la discusión, tiene que estar soportado por la evidencia empírica derivadas de actuaciones del pasado que han generado determinado tipo de decisión, lo que, en términos doctrinarios, va configurando para cada temática abordada la consecuente doctrina, por ejemplo, en Management o en liderazgo.

Sin duda, es la propia doctrina la responsable de incorporar todos aquellos cambios y avances necesarios, que, con frecuencia, provocan formas de ver y pensar bastante diferentes, por aquello de lo que se llama “determinismo tecnológico”, que significa la influencia decisiva que la innovación tecnológica tiene en nuestras vidas, por ende, en los procesos de toma de decisiones de gobiernos y organizaciones privadas.

Aspectos claros que hay que exponer en base a “descorrer el velo”

1º) El origen del problema es técnico o puede deberse a un ataque externo tipo cibernético.

En principio, todos los argumentos que explican lo sucedido desde el ámbito de los procesos técnicos, son casi inapelables, por lo que el ataque exterior quedaría descartado, aunque no nos parece mal que no se descarte ninguna hipótesis, por lo que cualquier gobierno, no solo el español, no va a entrar en la ingenuidad de que esto no pueda ocurrir.

2º) Si la red de la Unión Europea está tremendamente interconectada y perfectamente establecidos los tipos de actuaciones que ante cualquier crisis deben ejercer los estados miembros, habrá que ver si a partir del pasado lunes 28 dicha estabilidad puede estar en peligro o el tipo de vulnerabilidades a los que Europa puede estar expuesta, además de considerar también qué inversiones habrá que seguir haciendo en resiliencia de activos críticos que son considerados esenciales para que un país se desarrollen todas sus actividades cotidianas con normalidad y sin riesgos evidentes, correspondan a transporte, comunicaciones, actividad financiera y económica en general, etc.

3º) A nivel local de España, habrá que acelerar el proceso de investigación que según opiniones muy autorizadas del ámbito tecnológico y del sector energético es en la manera en cómo se nutre la red en dónde hay un punto débil, para saber exactamente que si el desequilibrio producido en un momento determinado que obligó a la caída del sistema, ya se han tomado las medidas y cuáles son para que no vuelva a producirse ninguna situación similar, asegurando que las diferentes fuentes de energía están garantizando su porcentaje de contribución a la red total sin que ninguna de estas participaciones pueda precipitar algún tipo de oscilación en el sistema.

Qué es lo que se entiende por infraestructuras críticas en un país

En un país, la infraestructura crítica se refiere a los sistemas, instalaciones y activos esenciales que son vitales para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Estos incluyen sistemas y redes que, de sufrir interrupciones, podrían tener graves consecuencias para la seguridad pública, la salud o la estabilidad económica.

En términos de sectores económicos, sin duda al sobrevenir una crisis importante puede afectar el transporte, la energía, el suministro de agua, las comunicaciones y los sistemas financieros, que todos ellos son esenciales para que ninguna nación se paralice porque uno de dichos factores se haya visto alterado.

Porque lo que se termina paralizando es la vida cotidiana de los ciudadanos, amén de la parálisis productiva. Cada vez que se ha medido el impacto económico que han tenido crisis graves en las infraestructuras críticas, caso del gran apagón de Estados Unidos del 1977 que afectara especialmente Nueva York, siempre terminó cobrándose vidas humanas, saqueos y desorden público, grandes pérdidas económicas y no menos importante, la pérdida de confianza en las autoridades de turno.

La infraestructura crítica incluye componentes físicos y virtuales interconectados e interdependientes.

Desde el punto de vista de las políticas de gobierno que deban implementarse para garantizar la manutención de las infraestructuras críticas, deben establecerse mediante un enfoque multifacético que priorice 3 elementos clave a considerar:

– La propia evaluación de riesgos que se haga y cuánto antes mejor.

– Cómo es el nivel de efectividad en la colaboración intersectorial.

– Cuál es la capacidad de resiliencia demostrada ante hechos excepcionales ocurridos en el pasado y la preparación ante nuevas crisis.

Por tanto, esto implica que hay que identificar cualquier elemento que pueda ser considerado como un activo crítico, para que cuando se desarrollen los planes de contingencia a que el gobierno está obligado a tener al día en cuanto a la última de las actualizaciones tecnológicas y/o científicas (la que correspondiera según sea la naturaleza), no haya dudas en cuanto a los pasos que las diferentes áreas de gobierno deben dar desde el inicio de la crisis.

Hay que contar con un cronograma de actuación perfectamente ordenado, para que se pueda actuar de manera eficaz desde las diferentes áreas de gobierno involucradas para la gestión de la crisis y, además, la coordinación con el ámbito privado(empresas que tienen concesión del gobierno para operar dichos activos críticos).

Buena gobernanza para la resiliencia de infraestructuras críticas (Good Governance for Critical Infrastructure Resilience

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) hace referencia entre los principios de actuación a tener en cuenta para la Buena Gobernanza para la Resiliencia de las Infraestructuras Críticas, las siguientes cuestiones:

– Dado que las infraestructuras críticas son la columna vertebral de las economías modernas e interconectadas y que la interrupción de sistemas clave y servicios esenciales, como las telecomunicaciones, el suministro de energía o agua, el transporte o las finanzas, puede causar daños económicos considerables, es imprescindible que los gobiernos sepan impulsar, así como gestionar las infraestructuras críticas dentro de un panorama de riesgos dinámico. Es por ello que analiza opciones de políticas y modelos de gobernanza para promover inversiones iniciales en resiliencia.

A tal fin, la OCDE llevó a cabo una encuesta internacional, por lo que el informe analiza la transición progresiva de las políticas de infraestructuras críticas, desde la protección de activos hacia la resiliencia del sistema. Se concluye que se puede orientar a los gobiernos en la adopción de un enfoque más coherente y preventivo para la protección y el mantenimiento de los servicios esenciales.

Es evidente que el objetivo principal es limitar el riesgo de interrupciones en los servicios esenciales y aumentar la capacidad de recuperación rápida tras un choque. La velocidad de respuesta es un factor clave para mantener la confianza ciudadana en todo el sistema, tanto en las medidas técnicas que se canalicen como las políticas, partiendo de la base que la ciudadanía de un país tenderá a tener más confianza en esos tipos de respuesta en función de los antecedentes de este gobierno actual y anteriores en la manera en la que han gestionado crisis de gran impacto.

Por tanto, un objetivo prioritario una vez iniciadas las respuestas y actuaciones en los ámbitos técnico y político, es garantizar la continuidad del servicio de las infraestructuras críticas, lo que debería ser siempre un componente esencial de las políticas de gestión de riesgos, tanto en la OCDE como en los países socios, como se señala en la Recomendación de la OCDE sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos.

Sin embargo, estas políticas, impulsadas principalmente por la agenda de seguridad posterior al 11-S, no siempre han sido eficaces para abordar los desafíos del entorno digitalmente interconectado más complejo del siglo XXI. Y hay una razón evidente para que las políticas actuales de resiliencia de infraestructuras críticas puedan ser insuficientes o también cuestionadas, ya que tienen que abordar eventos de choque diversos y complejos, habida cuenta de los sistemas y países que son más interdependientes, a lo que hay que sumar otro factor que depende de la tecnología: su velocidad en el ritmo de innovación en los diversos sectores de infraestructura. El proceso de obsolescencia de los activos (envejecimiento de las infraestructuras) también representa un desafío político creciente.

Las inversiones en infraestructura están en aumento a nivel mundial, lo que ofrece a los países la oportunidad de reevaluar sus políticas y desarrollar resiliencia desde el principio, a la vez que refuerzan la resiliencia y la protección de la infraestructura existente.

Es imprescindible hacer un enfoque sistémico

Un enfoque sistémico es esencial a fin de conocer y estar en condiciones de abordar todos los peligros y amenazas que puedan alterar y/o afectar activos críticos, así como que se pueda garantizar la coordinación entre múltiples sectores (públicos y privados), siendo también prioritario poder abarcar todo el ciclo de vida de la infraestructura y fomentar la cooperación transfronteriza.

La resiliencia de las infraestructuras críticas depende de la colaboración entre los gobiernos y los operadores de infraestructuras de los sectores público y privado. Si bien los operadores y los gobiernos coinciden en la necesidad de proteger los activos críticos y mantener el servicio, sus puntos de vista pueden no ser convergentes en cuanto al nivel de resiliencia requerido, los medios para lograrlo y los requisitos regulatorios aplicables. Esta divergencia es normal que se produzca en diversos momentos de los procesos de actuación: en primer lugar, el tipo de respuesta que el ámbito privado y público quieren dar ante determinados sucesos; no menos importante, la capacidad de diagnóstico ante cambios sustanciales en la disrupción tecnológica que a su vez requiere de grandes inversiones que no pueden posponerse.

Sin duda, cualquier decisión en este ámbito tendrá consecuencias financieras, de manera que desde el gobierno y en buena coordinación con los agentes privados, hay que evitar que se llegue a un desconocimiento o se tengan dudas sobre el impacto de los costes y a quién corresponde en cada una de las diferentes situaciones abordadas, lo que, a su vez, planteará interrogantes sobre quién asumirá los costes adicionales derivados de invertir en resiliencia.

La cooperación público-privada entre gobiernos y operadores para fomentar el diálogo sobre estos temas

Las ventajas de la colaboración entre el ámbito público y privado al implementarse políticas conjuntas de resiliencia, son las siguientes:

– Establecer y también reestablecer la confianza después de una crisis sectorial.

– Garantizar la seguridad de todas las infraestructuras que el gobierno ha definido como críticas.

– Proveer al mismo tiempo que garantizar un intercambio seguro de información.

– Desarrollar mecanismos de reparto de costes.

– Fortalecer la cooperación internacional.

La encuesta de la OCDE identificó veintidós de estas herramientas, que van desde herramientas regulatorias prescriptivas y mecanismos de compensación hasta marcos voluntarios basados ​​en alianzas. Es importante que los gobiernos encuentren el equilibrio adecuado entre los marcos obligatorios y voluntarios para fomentar la participación de las partes interesadas en el proceso y garantizar que las inversiones en resiliencia se realicen eficazmente.

El ejemplo del sistema de transmisión y distribución de electricidad de Finlandia, ilustra un modelo de gobernanza eficaz que fomenta las inversiones en resiliencia de las infraestructuras. Finlandia ha estado desarrollando un marco cooperativo para fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas que enfatiza la cooperación público-privada, el intercambio de información y la búsqueda de consenso sobre el diseño de políticas y el establecimiento de objetivos.

Este modelo de gobernanza ha producido resultados impresionantes en sus primeros años de implementación. Sin embargo, han surgido nuevos desafíos, como abordar las implicaciones en términos de costes para los clientes, la diferencia de capacidad entre operadores grandes y pequeños, la digitalización y el cambio climático.

La infraestructura crítica que representa la red europea de energía

La seguridad de la red europea se ve afectada por factores diversos:

– Cuáles están siendo las condiciones meteorológicas, ya que las condiciones climáticas extremas, pueden interrumpir la generación y transmisión de energía.

– La situación geopolítica y cualquier agravamiento del tablero de equilibrio de poder, por ejemplo, en cuanto a cambios bruscos en la situación de la Guerra de Ucrania. Las tensiones geopolíticas y las interrupciones en la cadena de suministro pueden afectar la seguridad energética.

– La creciente dependencia de las energías renovables, que pueden ser menos predecibles que las fuentes tradicionales. La solar y la eólica al ser menos estables por la propia naturaleza como fuente de energía, dificulta la adecuación de la oferta a la demanda.

La característica de la red europea es que está altamente interconectada, lo que permite compartir electricidad y recursos, al mismo tiempo que está fuertemente digitalizada, lo que permite la monitorización y el control en tiempo real. Si bien las interconexiones ofrecen ventajas, también pueden crear puntos de fallo si una parte de la red se ve comprometida.

O sea que, frente a los puntos fuertes por la propia naturaleza de la red europea, hay que prever de manera constante y a su vez, anticiparse en cuanto a medidas de ciberseguridad, sean cortafuegos, sistemas de respaldo y otras medidas de seguridad para protegerse contra ciberataques. Las redes generalmente son entidades reguladas, lo que garantiza un nivel de estabilidad y fiabilidad.

Las garantías de seguridad del suministro eléctrico

Contamos en la UE con una legislación para la preparación y gestión de crisis eléctricas. La integración de los mercados y sistemas energéticos exige que los países de la UE cooperen más estrechamente para prevenir y gestionar las crisis eléctricas.

Como parte del paquete “Energía limpia para todos los europeos”, adoptado en 2019, el Reglamento sobre la preparación ante riesgos en el sector eléctrico exige que las autoridades competentes de todos los países de la UE cooperen entre sí para garantizar que, en caso de crisis eléctrica, la electricidad llegue donde más se necesita.

La red europea está en manos de autoridades competentes en todos los países de la UE, y los requisitos incluyen la implementación de herramientas adecuadas para prevenir, prepararse y gestionar posibles crisis eléctricas con un espíritu de solidaridad y transparencia. El reglamento también introduce metodologías comunes para identificar escenarios de crisis y evaluar la adecuación a corto plazo y estacional entre la generación y el consumo de electricidad, con el fin de preservar la estabilidad de la red y evitar la escasez.

Puede un gobierno organizar un gabinete de crisis con la oposición

Si bien no es lo habitual en la práctica política ordinaria, un gobierno puede perfectamente organizar un gabinete de crisis con la participación de la oposición. Es evidente que la composición tradicional de los gabinetes de crisis suele estar limitada a miembros del propio Ejecutivo y altos cargos de la administración.

En realidad, no existen precedentes de gabinetes de crisis de gobierno en los que llame a la oposición desde el mismo momento en que se desata la crisis o catástrofe del nivel como del Covid-19. Sí han sido consultados a posteriori y esto ocurre siempre en todos los países, con frecuencia para lavar la cara del gobierno de turno.

Pero sí sería una buena costumbre (derecho consuetudinario) que se estableciera esa regla no escrita de que ante una crisis de la magnitud del pasado lunes 28 de abril que dejó España a oscuras y sin comunicaciones, con una parálisis que jamás había ocurrido en su historia, que gobiernos y oposición, más otras fuerzas políticas y demás agentes sociales en representación de sus sectores naturales, pudieran participar y poner conocimiento, así como experiencia para gestionar dicha crisis.

Por ejemplo, en abril de 2025, el lehendakari Imanol Pradales incluyó expresamente a los sindicatos y a la oposición en su mesa de crisis para afrontar la guerra arancelaria, realizando una ronda especial con todas las fuerzas políticas vascas salvo Vox para compartir el diagnóstico y buscar soluciones conjuntas. Este tipo de iniciativas buscan reforzar la legitimidad de las medidas adoptadas y facilitar la coordinación institucional y política en momentos críticos.

En el ámbito municipal, también se han dado casos en los que los portavoces de todos los grupos políticos han sido informados y convocados a participar en la gestión de crisis, aunque la implicación real de la oposición puede variar según el contexto y la voluntad política de cada parte.

Qué beneficios podría tener la inclusión de la oposición en un gabinete de crisis

La inclusión de la oposición en un gabinete de crisis puede aportar varios beneficios significativos tanto para la gestión de la crisis como para la calidad democrática del proceso:

– Desde el punto de vista político, se generará de manera automática una mayor legitimidad y consenso, desde el momento que incluir a la oposición refuerza tanto la calidad (más conocimiento y opiniones técnicas) como la base jurídica de las decisiones adoptadas, además de mostrar una voluntad de consenso. Pero muy especialmente para que la ciudadanía perciba que se está actuando en pos del interés general, no solo partidista. Esto puede aumentar la confianza de la ciudadanía en las medidas tomadas y reducir la polarización política.

– Desde el punto de vista técnico, la ventaja que exista una diversidad de perspectivas y propuestas. Pero es que, además, la oposición cumple funciones esenciales como la fiscalización, la presentación de alternativas y la formulación de demandas sociales, económicas y políticas que pueden no haber sido consideradas por el gobierno. Su participación puede enriquecer el análisis de la situación y aportar soluciones innovadoras o más equilibradas.

– Desde el punto de vista de la convivencia política (las reglas del juego) facilita un mejor control y transparencia, ya que la presencia de la oposición fomenta la vigilancia sobre las acciones del gobierno, ayuda a detectar posibles errores o abusos y obliga a una mayor transparencia en la gestión de la crisis.

– En cuanto a la pedagogía democrática y participación ciudadana, cuando se incluye a la oposición, se está facilitando e incentivando el debate público, lo que eleva la cultura política y puede motivar una mayor participación y compromiso de la sociedad en la solución de la crisis.

– En cuanto a la reducción de la confrontación y aumento de la cooperación en momentos críticos, se convierte en un instrumento de gran utilidad para suavizar tensiones políticas y facilitar la implementación de medidas difíciles, al compartir la responsabilidad de las decisiones y evitar la percepción de imposición unilateral.

Un gobierno debe buscar un liderazgo de neutralidad

¿Es esto posible? ¿Es esto de utilidad para el gobierno o lo es para la ciudadanía? Lo que sí es seguro, que por más que cualquier gobierno crea que no es conveniente, quizás podría entenderse esta posición en el cortísimo plazo en plena respuesta inmediata a la crisis sobrevenida. Pero de ninguna manera le favorecerá en el medio y largo plazo. Porque dejará en manos de la oposición toda la batería de cargos y responsabilidades que se le puedan atribuir al gobierno por la manera en que se gestionó la crisis.

Es obvio que preguntarse cómo puede asegurarse la neutralidad de un gabinete de crisis que incluye a la oposición, queda respondido cuando se implementan medidas basadas en principios de transparencia, protocolos claros y mecanismos de control:

  1. Establecimiento de protocolos claros y objetivos compartidos

Definir un marco de actuación consensuado desde el inicio, con prioridades comunes (protección ciudadana, servicios esenciales) y criterios técnicos sobre los que basar las decisiones, minimizando discrepancias ideológicas. Esto debe incluir la incorporación de expertos independientes en áreas críticas (sanidad, seguridad, economía) para aportar datos objetivos y asesorar sin sesgo partidista.

  1. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

Publicar actas y decisiones clave en tiempo real, garantizando acceso a la información para todos los participantes y la ciudadanía.

Crear un comité de verificación con representantes de la sociedad civil o instituciones independientes (Defensor del Pueblo, órganos antifraude) para supervisar el proceso.

  1. Distribución equilibrada de roles y responsabilidades

Aplicar el “principio de cooperación”: asignar tareas específicas a cada partido según su expertise (ejemplo: un partido con experiencia en gestión sanitaria liderando esa área). Esto también implica evitar la concentración de poder, pudiendo hacerse rotaciones en la presidencia de las sesiones o establecer una dirección colegiada entre gobierno y oposición.

  1. Uso de mediadores neutrales

Incluir figuras de consenso, que sean verdaderos actores como el “Defensor del Pueblo” o “expertos en mediación política” y en general, personas y/o instituciones especializadas en la mediación y resolución de conflictos, para que ningún debate y/o toma de posiciones pueda ser considerado como que está influido por ideología de partido.

Adoptar metodologías de toma de decisiones basadas en evidencia, como análisis de riesgos cuantitativos o modelos predictivos validados por organismos técnicos.

  1. Limitación temporal y alcance definido

Restringir la participación al periodo de emergencia y a áreas directamente vinculadas a la crisis, evitando desviaciones hacia debates políticos generales, tendencia típica de enfrentamientos entre gobierno y oposición. Por tanto, es esencial excluir temas partidistas de la agenda, centrándose en medidas urgentes con impacto demostrable.

  1. Garantías institucionales

Reforzar el papel de los órganos constitucionales (Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado) para auditar recursos asignados y cumplimiento de acuerdos.

Vincular las decisiones a marcos legales preexistentes (planes de emergencia nacionales, directivas de la UE) para evitar interpretaciones arbitrarias.

Un caso práctico de actuación frente a una crisis

Durante la gestión de una catástrofe natural, un gabinete de crisis mixto podría funcionar así:

Composición factible: 3 ministros, 2 portavoces opositores y 3 expertos en logística y protección civil.

Protocolo: decisiones por mayoría cualificada (⅔) en temas presupuestarios, con veto técnico en medidas que desvíen recursos de zonas prioritarias.

Transparencia: transmisión en directo de las sesiones (excepto datos sensibles) y publicación diaria de informes de gastos.

Este modelo equilibra participación política con agilidad operativa, aunque requiere voluntad de cooperación real por todas las partes

Ideología, ciencia y liderazgo

La energía es la columna vertebral de cualquier nación moderna. Sin un suministro seguro, asequible y sostenible, la economía, la seguridad nacional y el bienestar de la población quedan comprometidos. Sin embargo, cuando las políticas energéticas se diseñan más por convicciones ideológicas que por evidencias científicas y técnicas, el resultado puede ser una crisis profunda.

Desde nuestro punto de vista, la solución pasa por una gobernanza energética basada en datos, proyecciones realistas y planificación a largo plazo. Eso implica escuchar a expertos, invertir en infraestructuras resilientes y mantener una matriz energética diversificada. El futuro energético no se puede improvisar.

Gobernar con ideología puede ganar votos, pero gobernar con ciencia salva países de apagones y crisis sistémicas.

Las crisis hay que verlas como oportunidades de mejora. Estos momentos exponen debilidades ocultas del sistema y obligan a actuar con urgencia. Un líder efectivo no busca culpables inmediatos, sino soluciones sostenibles. Debe comunicar con transparencia, coordinar con expertos y tomar decisiones firmes, incluso impopulares. Además, debe convertir el fallo en impulso para modernizar infraestructuras, fortalecer la resiliencia y reformar políticas obsoletas.

Liderar en crisis es transformar el caos en avance, y el miedo en determinación colectiva para construir un sistema más sólido. Ante situaciones de este calibre, el liderazgo efectivo no solo es deseable, sino imprescindible.

Gestionar una crisis de este tipo exige una combinación de preparación, comunicación estratégica, toma de decisiones ágil y visión a largo plazo.

Desde el punto de vista del liderazgo, hay cinco pilares fundamentales para abordar crisis en infraestructuras críticas:

  1. Transparencia inmediata y control del relato

Una de las primeras reacciones del liderazgo, debe ser la comunicación rápida, clara y transparente. En el caso del apagón, muchos ciudadanos experimentaron desconcierto ante la falta de información o explicaciones oficiales durante las primeras horas.

La incertidumbre alimenta el miedo, y en contextos donde la población depende completamente de servicios conectados, es vital que los líderes tomen el control del relato desde el inicio.

Un líder debe dar la cara, transmitir calma y explicar lo que se sabe, lo que no se sabe, y lo que se está haciendo. Esto construye confianza y credibilidad, dos activos cruciales en una crisis.

  1. Coordinación interinstitucional

Las infraestructuras críticas no están bajo el control de una sola entidad. En el caso de la energía, por ejemplo, intervienen operadores del sistema eléctrico, empresas privadas, autoridades regulatorias, cuerpos de emergencia y gobiernos autonómicos, locales y nacionales. El liderazgo, debe facilitar la coordinación entre estos actores para que las respuestas sean rápidas, coherentes y eficaces.

  1. Decisiones firmes basadas en datos

La toma de decisiones durante una crisis, debe apoyarse en datos fiables y actualizados. Esto implica que el liderazgo debe tener acceso a equipos técnicos y expertos con los que pueda consultar constantemente. Un fallo en una infraestructura crítica, no siempre requiere medidas espectaculares, pero sí decisiones rápidas y bien informadas.

El liderazgo debe equilibrar la prudencia con la acción, tomando decisiones provisionales que aseguren la protección de los ciudadanos y la continuidad de los servicios básicos.

  1. Lecciones aprendidas y reformas estructurales

Una crisis no termina cuando se restablece el suministro. El liderazgo efectivo entiende que los momentos críticos son oportunidades para impulsar cambios profundos.

  1. Visión de futuro y comunicación positiva

Por último, el liderazgo debe transformar la crisis en un relato de aprendizaje y superación. La sociedad necesita confiar en que el futuro será mejor que el presente. Mostrar planes concretos para fortalecer las infraestructuras, invertir en innovación y mejorar los protocolos de emergencia es tan importante como gestionar el momento inmediato.

En definitiva, liderar durante una crisis en infraestructuras críticas es, sobre todo, liderar personas. Es saber generar confianza, tomar decisiones bajo presión y transformar una amenaza en una oportunidad para evolucionar como país.

Artículo coordinado por José Luis Zunni, presidente y CEO del Instituto Europeo Ecofin de Liderazgo (IEEL), director de ecofin.es, vicepresidente de Foro ECOFIN y autor del libro recién publicado ‘El Cubo del Líder’ (Ed. Kolima; disponible a la venta pinchando aquí), en colaboración con Salvador Molina, presidente de Foro ECOFIN y presidente honorario del Instituto Europeo Ecofin de Liderazgo (IEEL) y también autor del libro ‘El Cubo del Líder’; Antonio Alonso, presidente de la AEEN (Asociación Española de Escuela de Negocios) y vicepresidente segundo de EUPHE (European Union of Private Higher Education); y Pepe García Utrilla, director del Instituto Madrileño de Mediación y presidente de la comisión de mediación y resolución de conflictos del Instituto Europeo Ecofin de Liderazgo (IEEL).

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