Los préstamos ICO y las empresas en crisis

El pasado 30 de junio venció la moratoria concursal que eximía a las empresas del deber de solicitar el concurso de acreedores voluntario e impedía la solicitud por terceros de concurso necesario y el 26 de septiembre entró en vigor la Reforma de la Ley Concursal aprobada en la Ley 16/2022 de 5 de septiembre.

En este contexto y en una situación económica envuelta en la guerra de Ucrania, la inflación, la subida de los tipos de interés, de los costes de los suministros y de las materias primas, se prevé que muchas empresas, sobre todo pymes, deban acudir a soluciones de refinanciación o reestructuración de sus deudas o, en el peor de los casos, a la solicitud de concurso de acreedores.

Hasta el pasado mes de mayo, las líneas de avales ICO habían movilizado más de 140.000 millones de euros en casi 1.200.000 operaciones, de las que más del 98% habían sido suscritas por pymes y autónomos.

Como es habitual en cualquier situación de crisis empresarial, la banca juega un papel muy importante a la hora de plantear soluciones de viabilidad que pasen por la refinanciación o reestructuración de la deuda financiera. Sin embargo, actualmente y como consecuencia de la crisis sanitaria que aún arrastramos junto con sus efectos económicos, el papel que va a tener la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT, de ahora en adelante) va a ser tan o más importante que el de la banca.

Muchos de los préstamos concedidos por la banca y garantizados por el Ministerio de Economía y gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), formarán parte de la deuda financiera de las empresas a refinanciar o reestructurar y, según lo dispuesto en la Ley 16/2022, corresponderá a las entidades financieras, por cuenta y en nombre del Estado, la representación de los créditos derivados de los avales públicos regulados en esta disposición.

También corresponderá a las entidades financieras titulares del crédito principal avalado el ejercicio por cuenta y en nombre del Estado de las comunicaciones, ejercicio del derecho de voto o reclamaciones que fueran oportunas para el reconocimiento y pago de los créditos derivados de estos avales.

Ahora bien, en la disposición de la Ley se exige que para que las entidades de crédito puedan votar favorablemente en nombre y por cuenta del Estado a los planes de reestructuración que concedan aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas o reconocidas, deberán recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la AEAT. La falta de autorización previa de la AEAT determinará el perjuicio del aval, en la parte que no hubiera sido ejecutada o, en otro caso, la conservación de los derechos de recuperación y cobranza por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin que el contenido del Plan o convenio produzca efectos frente al mismo.

Nos encontramos entonces ante un nuevo escenario en que la ya de por si habitualmente difícil labor de conseguir poner de acuerdo en una refinanciación/reestructuración a la empresa con un número determinado de bancos (lo que se denomina “pool bancario”), se añade como un nuevo interviniente en el acuerdo con las entidades financieras el Estado, representado por la AEAT. En este punto, consideramos claves dos aspectos: la agilidad en la respuesta por parte de la AEAT y la “sintonía” en las decisiones con las del pool bancario.

Luis F. Conde.

Habitualmente los procesos de acuerdos de refinanciación/reestructuración son largos y con muchos intervinientes. A esto habrá que añadirle ahora el plazo de obtención de la autorización de la AEAT. Esperamos que dicho organismo se organice como es debido ante la nueva situación que se presenta para poder tener una respuesta lo más rápido posible, pues el factor tiempo es relevante para evitar en lo posible el deterioro en la situación financiera de la empresa que pueda derivar en un concurso de acreedores.

Por otro lado, será importante ver si los criterios usados por la banca para llegar a un acuerdo concreto son suscritos por la AEAT o, por el contrario, quiere imponer otras soluciones diferentes. En este sentido, entendemos que, conociendo el rigor y las diferentes variables consideradas por la banca en la toma de este tipo de decisiones, la solución propuesta, habría de ser por lógica admisible por parte de la AEAT.

La Reforma de la Ley Concursal está poniendo los mecanismos adecuados para que las empresas viables no lleguen a una situación de deterioro que hasta la fecha las llevaba a procesos que acababan la mayoría de veces en un proceso de liquidación. Es responsabilidad de todos los agentes intervinientes, empezando por las propias compañías, poner todo de su parte para que las empresas puedan continuar con su actividad de la mejor manera posible. Y entre esos agentes intervinientes se encuentra ahora, por todo lo comentado anteriormente, la propia Administración del Estado.

Ante la incertidumbre en los plazos de respuesta tanto de los acreedores bancarios como de la AEAT, se recomienda a las empresas que tengan que afrontar procesos de refinanciación/reestructuración financiera, que actúen cuanto antes e inicien los trámites a la mayor brevedad posible, para evitar posibles deterioros de la situación financiera derivados de la lentitud de este tipo de procesos.

Luís F. Conde Berné, Asociado área Gestión de Crisis. AGM Abogados

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