Artículo realizado por Carlos Mallo y Manuel Gago.
La principal causa de desajuste de los ciclos expansivos-recesivos de la economía Española, respecto a las economías de los principales países europeos y mundiales es su falta de competitividad, que al no poderse resolver mediante el fácil mecanismo de la devaluación, obliga a una revolución interna de ajuste del coste de los factores, donde los que mas sufren el ajuste son los que están en alto grado de competencia como los salarios, siendo muy rígidos a la baja los costes energéticos, financieros, de impuestos y otros costes de transacción que tienen los poderes públicos y las empresas con algún tipo de poder de mercado.
La salida de esta última recesión, la historia vuelve a repetirse esta comenzando por un gran aumento de las exportaciones, debido al drástico ajuste que han realizado las empresas privadas, mediante principalmente la reducción de los costes laborales unitarios, ya que el el alto grado de gasto público, impide bajar los impuestos, siendo también muy rígidos a la baja los costes energéticos y otros costes de transacción.
Para que una economía funcione cerca de su nivel de pleno empleo de todos los factores disponibles, es necesario que las empresas produzcan los productos y servicios para abastecer el mercado interior y ganen cuota de mercado en el ámbito internacional, de tal forma que la creación de valor económico permita incrementar continuamente el PIB global y por habitante genere una economía dinámica y prospera, capaz de incorporar los avances científicos y tecnológicos a la mejora de los costes unitarios de producción.
La competitividad de una economía, suponiendo que se desenvuelve con una inflación similar a los países del entorno, depende en gran medida del aumento de la productividad, definido de forma sencilla, respecto a los dos factores principales: capital y trabajo, como el aumento de la tasa de rentabilidad por el capital empleado y del valor generado por cada hora de trabajo.
La productividad de la cadena de valor empresarial consiste en el incremento de la eficiencia productiva para obtener productos y servicios demandados y valorados por calidad y precio por los consumidores nacionales e internacionales.
Las mejoras competitivas de la industria española también pueden venir de reducir la elevadas cargas administrativas, la burocracia hoy multiplicada por los niveles nacional, autonómico y local, así como la poca adecuación del sistema educativo a las necesidades reales del mundo empresarial, (la muy desajustada formación profesional) y en estos momentos de crisis por las dificultades de financiación de inversiones y sobre todo del circulante debidas a restricciones en el acceso al crédito, que además está limitando la capacidad inversora y por tanto de renovación innovadora de las empresas españolas, comprometiendo también la competitividad futura de nuestra industria. Depende de sectores pero en los últimos 10 años la intensidad inversora ha caído por encima del 50% y en algunos casos superando el 90%, lo que es insostenible.
El avance experimentado en la competitividad de la industria española por mejora de costes laborales frente a otros países de la UE15, precisa mejoras de productividad que requieren inversiones para impulsar y consolidar posiciones de competitividad. No se trata de competir en bajos costes con otros países de fuera de la UE15 cuyos costes salariales son aún menores (por ejemplo, países de Europa del Este o Asia), sino conseguir diferencias en productos de mayor valor añadido. Esto sigue siendo asignatura pendiente.
La creación de valor competitivo es sin duda el factor clave para la mejora de la productividad y competitividad de una economía y no se refiere solo a la fabricación, sino que incluye los otros eslabones de la cadena productiva, investigación y desarrollo, diseño y servicio al cliente que se puedan mejorar con la utilización extensiva de las Tecnologías de Información y Comunicación ( TIC).
La utilización de los TIC exige mantener unas plantillas de trabajadores formados e informadas, que no pueden ser remuneradas con salarios inferiores a mil euros. La productividad y Competitividad consiguiente no se consigue con la reducción continuada de los salarios, si no con el aumento de eficiencia productiva por hora empleada y esto es uno de los principales retos que tiene planteadas la economía y las empresas españolas.
La baja inversión en I+D incide de forma significativa sobre la competitividad y de acuerdo con estimaciones realizadas tiene un efecto entre el 15 y el 20 % sobre la posición de costes competitivos por mejoras de productividad y que en tanto no se resuelva solo puede suplirse con menores costes salariales, no obstante en España el principal esfuerzo innovador se da precisamente en la industria, pero se requiere un aumento más considerable para repercutirlo en mejora competitiva.
A su vez la industria reclama sobre el enorme gap en el sistema educativo de formación español que no le aporta lo que precisa: buenos profesionales intermedios, ingenieros, científicos y gestores, es decir formación profesional adecuada.
Se ha observado con claridad que uno de los estabilizadores de una economía, tanto para el PIB, como para la tasa de empleo es mantener la participación del sector industrial cerca del 20% del PIB.
En España en el año 2.000 la industria representaba un 18’8% del PIB nacional, ascendiendo 118.422€ ( 18’8% de 629.907) y que en sucesivas etapas hasta el año 2.010 ha descendido a una participación del 14’8% por un importe total de 155.235 y los últimos datos se estima que la industria contribuye de forma directa en poco más de un 13% del PIB, muy lejos del objetivo razonable que debiera acercarse al 20 %, con las favorables repercusiones en el empleo, en el saldo de la balanza comercial por mejora de exportaciones o menores importaciones y muy especialmente por su efecto tractor sobre otros sectores en especial servicios. El empleo el sector industrial es mejor y más estable.
Si nos proponemos aumentar el 4% de participación industrial referidos al año 2.012 con un PIB que asciende a 1.049.525€ deberíamos incrementar la participación del sector industrial al PIB español en 41.981€, tarea que nos parece alcanzable si existe una concienciación de los agentes sociales públicos y privados y dedicamos los recursos disponibles a financiar proyectos industriales sostenibles.
Una guía de actuación la podemos encontrar en la publicación del Colegio Oficial y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid coordinado por el Dr. Ingeniero Alfonso Palazón Arguelles, con el esclarecedor titulo Hacia una Nueva Industrialización.
Naturalmente los proyectos que deben aprobar son aquellos que tengan un desarrollo sostenible a largo plazo, que se basen en tecnologías innovadoras y que cuenten, sin subvenciones, con una tasa de retorno neta del 10%.
Cuando no se cuenta con la restricción económica, enseguida aparecen tentaciones de poner en marcha nuevas tecnologías o materiales, que aun sus desarrollos industriales no están maduros, Ahora podríamos considerar el grafeno, las nanocelulosas y las impresoras 3D como componentes de una nueva burbuja como las energías alternativas.
Estos planteamientos pueden servir de base al campo de juego para poder establecer una plataforma de ideas creativas, que traten de convencer a los agentes sociales para tomar las decisiones de inversión que estabilicen y garanticen el crecimiento económico y el empleo de toda la población.
Si bien la industria española ha mejorado en posición competitiva en varios sectores frente al conjunto de la UE, se ha debido más a reducción de costes salariales y de empleo que a otras causas como ocurre en algunas de nuestras principales industrias, como sector químico y farmacéutico, o el de vehículos de motor, metal o papel, en otros como alimentación y bebidas, bajando precios al reducir la demanda interna, pero existen verdaderas oportunidades en industrias de apoyo a sectores como el energético, el gas, agua, comunicaciones, etc. así como en ámbitos ya clásicos, sin olvidar nuevos desarrollos en la electrónica, material y equipo eléctrico, óptica y TIC, si se formula una política de mejora de productividad.
La capacidad exportadora, medida en función de la producción destinada a la exportación, es diferente por sectores. Aquellos que fabrican productos de menor valor añadido o donde los costes de transporte son especialmente relevantes, pueden sobrevivir con la demanda interna si bien es en ellos donde una mejora competitiva puede garantizar el crecimiento vía de la internacionalización.