El gobierno socialista envió el pasado 30 de abril a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad 2019-2022, que incluye un incremento de impuestos de 5.654 millones de euros para 2020. Entre estos, se encuentran muchos de los que pretendió aprobar en 2018; pero que entonces no pudo sacar adelante. La tasa Google; el nuevo tributo a las transacciones financieras (tasa Tobin); la subida del diésel o los repuntes del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros y del impuesto de sociedades para las grandes empresas, son algunos de los que integran el documento.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.
De aquí a 2022, el Gobierno pretende recaudar 26.500 millones de euros más. Este año, el Ejecutivo prevé ingresar 5.678 millones adicionales por la revisión al alza de algunos tributos que podrían afectar a empresarios, emprendedores y pequeñas y medianas empresas.
La presión fiscal pasará del 35,7% de este año al 37,3%. “Este incremento paulatino del peso de los ingresos públicos sobre el PIB responde tanto a la favorable evolución de la economía, como a la estrategia del Ejecutivo de incrementar la recaudación agregada con el objetivo de ir acercando los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno”, explica el gobierno a Bruselas.
Congelación de la economía
Los analistas liberales ven en este aumento recaudatorio del Estado una consecuencia directa: la congelación del crecimiento económico y la amenaza de una recesión, reducción de la inversión y del empleo. Y es que el Estado crezca hace que el sector privado se contraiga.
De ahí que los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos hayan sacado a campaña un eslogan corrector: “Por cada euro de aumento fiscal del Gobierno de Sánchez, las autonomías gobernadas por nosotros aliviará un euro en su capacidad impositiva”.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rectificó las previsiones optimistas del Gobierno antes de las elecciones, en la misma línea de algunos análisis de Banco de España y otros organismos. La AIReF rebajó hasta la mitad los cálculos de ingresos. Por ejemplo, mientras que Hacienda apuntaba que el Impuesto sobre Patrimonio aportarían 339 millones de euros, la AIReF estimaba el impacto entre cero y ocho millones. De la misma manera, el Gobierno prevé que en tres años ingresará 2.500 millones con el impuesto a las transacciones financieras y otros 3.600 millones con la tasa Google, mientras que la AIReF no imputa ni la mitad de de estos montantes.
Los impuestos que vienen
Los impuestos que se recogen en el Plan Presupuestario presentado el 30 de abril y que afectarán al empresario son, entre otros, los siguientes:
Impuesto al diésel: el Plan Presupuestario apunta a un incremento de 3,8 céntimos de euro por litro. Con ello se pretende recaudar un total de 670 millones de euros. Un impacto directo previsto en el consumo; pero, sobre todo, afectará a los costes de todos los productos por el impacto del consiguiente sobrecoste del transporte, así como en el transporte público y el sector turístico.
Impuesto a Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto de Matriculación: otra de las medidas que baraja el equipo económico de Sánchez con el objetivo de dar un espaldarazo al vehículo eléctrico. Una medida que da de lleno también al sector del transporte y a la industria automovilística.
Impuesto sobre Sociedades. Se impone un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, del 18% para la banca y petroleras, y un gravamen del 5% a los dividendos del extranjero para recaudar 1.776 millones. Además, Hacienda sube los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades es un punto, al 24%, para las empresas que facturan más de 10 millones de euros, y seis puntos, también al 24%, para el resto. Toda esta cascada de recargos impositivos a la empresa desincentivará la inversión empresarial y detraerá inversión internacional por hacer menos atractiva a la economía española.
Subida del IRPF de dos puntos para ingresos a partir de 130.000 euros y de cuatro puntos para más de 300.000. Una medida orientada a redistribuir la riqueza haciendo pagar más a los que más ingresan. No obstante, la industria financiera advierte de que este ‘impuesto a los ricos’ puede generar un efecto contrario, porque las verdaderas fortunas operan con instrumentos fiscales y financieros internacionales que hacen que estas medidas no les afecten; mientras que profesionales y directivos tendrán que hacer frente a este sobrecoste ‘congelando’ el consumo.
Tasa Google: Gravará un 3% los ingresos generados por la publicidad dirigida en línea, la intermediación en línea y la venta de datos. Afecta a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros y que tengan ingresos en España superiores a los 3 millones. Se liquidará trimestralmente y el devengo se producirá por cada prestación de servicios sujeta al impuesto. Esta medida impopular en la Economía Digital ya ha tenido consecuencias con su anuncio, ya que las inversiones realizadas por Google en Portugal y la consiguiente contratación de empleos recientemente estuvieron inicialmente previstas para España; pero el anuncio de este impuesto alejó a Google. Otras bigtech estarían en la misma tesitura: Facebook, Amazon, Uber, etc.
Tasa Tobin: Impuesto a las transacciones financieras que gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. No estarán sujetas al impuesto las salidas a bolsa, las reestructuraciones, las operaciones entre sociedades del mismo grupo ni las cesiones de carácter temporal. Esta medida está impulsada por la idea de que las ayudas millonarias dadas al sector de cajas de ahorros y, en general, a la industria financiera española debería de compensarse poco a poco con medidas de este tipo. Y por extensión, esta idea de grabar al sistema financiero también se aplica a todas las grandes empresas del Ibex 35 y otras.
Aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Más allá de las medidas fiscales anunciadas, también existe una promesa sobre la mesa orientada a subir el salario mínimo a los 1.200 euros mensuales, hacer más rídigo el sistema laboral y controlar las horas extras, no sólo para poder pagar más a los trabajadores, sino para que éstas computen en nómina y paguen a Hacienda y la Seguridad Social facilitando un aumento de la recaudación pública. La puesta en marcha de este Registro de Horario de toda la empresa española con obligación de mantener durante cuatro años los datos está asociado a un control de inspección y de sanción que supondrá nuevos ingresos públicos. Desde el 13 de junio es ya una realidad esta medida introducida en los llamados viernes sociales de los Consejos de Ministros del Gobierno en funciones durante el periodo electoral reciente. En fin, un sobrecoste más para autónomos, micropymes, pymes, empresa medianas y gran empresa.
