Durante los últimos tres años, el debate sobre la inteligencia artificial parecía tener un rumbo más claro, centrado en regulación, privacidad, derechos de autor, sesgos y ética. Este último punto es el que más le ha gustado a una Europa usuaria, que en vez de producir encontró un filón en provocar una conversación ética que no exige conocimientos técnicos ni necesita construir nada. Con todo esto, Europa convirtió una vez más la regulación en una prioridad política. Al fin y al cabo, es más fácil hacer una ley que un motor de IA.
Pero mientras nosotros debatíamos cómo auditar la tecnología, en Estados Unidos parece haber comenzado otra conversación mucho más importante; tan importante, que está basada en el elemento que mueve al mundo: el dinero.
¿Quién será el propietario de la riqueza que generará la inteligencia artificial?
En apenas unas semanas han aparecido dos propuestas que, aunque muy diferentes entre sí, apuntan en la misma dirección. La primera llega desde Silicon Valley liderada por Sam Altman, fundador principal de OpenAI (ChatGPT), y la segunda, desde el Senado estadounidense, propuesta por el senador independiente Berny Sanders. Las dos propuestas parten de una idea que hasta hace poco habría parecido impensable: el Estado debe participar de la riqueza que produzca la IA. Aunque ambas propuestas asumen que si el Estado participa esto significa que la población participa.
Según publicó el Financial Times y posteriormente recogió The Guardian, Sam Altman mantiene conversaciones preliminares para que OpenAI entregue un 5% de su capital al Gobierno de Estados Unidos. La idea sería extender posteriormente el modelo al resto de grandes compañías de inteligencia artificial y tecnológicas generales como Microsoft y Google. La justificación oficial es sencilla: propone que, si la IA va a enriquecer al país, sus ciudadanos también deberían beneficiarse de ello. Por el momento, las conversaciones son únicamente conceptuales.
Pocos días antes del anuncio hecho por Altman, Bernie Sanders publicó su propuesta, la cual va mucho más lejos. El senador presentó un proyecto de ley para crear un fondo soberano de inteligencia artificial que adquiriría el 50% de las acciones de las mayores empresas del sector mediante un gravamen extraordinario. Ese fondo no solo repartiría dividendos entre los ciudadanos: también tendría capacidad para influir en las decisiones de estas compañías.
En una primera lectura, ambas propuestas parecen respuesta a una misma pregunta: qué hacer con la riqueza que está a punto de generar la inteligencia artificial. Una riqueza que se medirá en dólares y en productividad.
Creo que hay espacio para intentar leer las verdaderas razones y las intenciones que hay detrás de ambas propuestas. Pongo sobre la mesa tres supuestos.
Primer supuesto: Altman no está regalando, está comprando
La propuesta puede parecer altruista: regalar el 5%, un porcentaje absolutamente asumible en base a las cantidades que mueve OpenAI; pero la pregunta es por qué hacerlo. No es un golpe de patriotismo espontaneo, podría ser una acción defensiva.
Sam Altman, CEO de OpenAI.
La industria de la inteligencia artificial dependerá durante los próximos años de decisiones políticas: regulación, consumo energético, infraestructuras, contratación pública, seguridad nacional o competencia. Estos objetivos políticos incluyen a Estados Unidos, un país que no suele liderar en control, pero que, debido al tamaño y el interés político, ha puesto estos temas en la mesa.
En este contexto, convertir al Gobierno en accionista puede ser mucho más barato que enfrentarse a él. No estaría regalando un 5%, sino que estaría comprando estabilidad regulatoria. Al final, en vez de una donación sería una inversión.
Cuando una industria espera mover trillones de dólares durante la próxima década, una pequeña participación puede convertirse en el precio de asegurar un entorno político favorable.
Segundo supuesto: un giro hacia un modelo que siempre hemos asociado a China
Una forma coloquial de referirse al sistema tributario es diciendo que Hacienda es socia de todas las empresas e iniciativas privadas. La realidad es que incluso tiene una posición mejor que los inversores, ya que cobra seguro, cobra antes que los socios y no necesita que se celebre una Junta aprobando su parte. Es decir, el Estado ya participa de los beneficios de las tecnológicas de IA, y de todas las empresas. Así que la propuesta anterior de Altman es ir a más, pero de una forma más directa.
El senador de los Estados Unidos Bernie Sanders, representante del Estado de Vermont, que, a sus 84 años, acumula una gran experiencia política, registró un proyecto que tampoco gira alrededor de la fórmula estándar de los impuestos. Quiere que el Estado sea propietario de una parte relevante de las empresas más estratégicas del país y participe en sus decisiones. Hasta hace muy poco, esa idea habría resultado difícil de imaginar en la economía más capitalista del planeta.
Es precisamente el modelo que China lleva años aplicando en aquellos sectores que considera estratégicos para su desarrollo nacional. No da la impresión de que Estados Unidos vaya a convertirse en una economía planificada, pero sí empieza a asumir que determinadas industrias ya no pueden tratarse como un negocio privado más.
Bernie Sanders.
La inteligencia artificial ya es una cuestión de Estado; lo que Sanders propone es entrar de forma directa controlando un sector completo, no solo a una empresa. Tanto la iniciativa de Altman como la de Sanders podrían tener un premio añadido en el viejo continente. Europa, cuya mayor especialización es la legislación, el control y finalmente las sanciones, tendrá que pensar en un enfoque diferente antes de llamar a cuentas o imponer una sanción a una empresa donde el todopoderoso Estados Unidos es socio.
Tercer supuesto: ambos están anticipando un nuevo modelo económico
Quizá la coincidencia más interesante entre Altman y Sanders no sea el porcentaje de acciones, sino el hecho de que ambos parten de la misma hipótesis: la inteligencia artificial generará tanta riqueza, que el actual Estado del bienestar podría dejar de funcionar tal y como lo conocemos. A la velocidad que se están produciendo los cambios en la tecnología y en la sociedad, un cambio de esta magnitud podría generar una crisis enorme mientras se asientan las aguas. Si una parte importante del empleo acaba siendo automatizada, los salarios dejarán de ser la única fuente desde la que financiar el presupuesto familiar, y posteriormente los sistemas públicos.
Hace una década que somos conscientes de que necesitamos encontrar nuevas formas de repartir la riqueza que se genera en un mundo global y más técnico. Durante siglos, los Estados acumularon oro, después petróleo y más tarde deuda pública como activos estratégicos. ¿Qué acumularán en las próximas décadas?
Curiosamente, esta misma semana, el Banco Central Europeo recordaba que el oro ya ha superado a los bonos del Tesoro estadounidense como principal activo de reserva de los bancos centrales, mientras China continúa aumentando las compras y reservas del metal para reforzar su posición estratégica. Los países vuelven a competir por los activos que consideran imprescindibles para el futuro: metal y digital. La diferencia en el año 2026 es que el activo más valioso quizá no sea un metal precioso: el activo está en el procesamiento de inteligencia artificial, y en breve, de criptodivisas.
Marlon Molina, director del Laboratorio de Ciberseguridad del clúster MAD FinTech y experto en transformación digital y ciberseguridad.
