Corrupción: el gran freno de la educación

Salvador Molina, presidente de ECOFIN, José Luis Zunni, director de ecofin.es, Javier Espina Hellín, miembro de ECOFIN Business Schools Group, y Eduardo Rebollada Casado, miembro del blog Management & Leadership de ECOFIN.

Una sociedad es como un gran mecanismo integrado en el que las diversas partes que la conforman con frecuencia no se ajustan a las estimaciones hechas sobre el papel, sea éste un estudio macroeconómico, sociológico o incluso un programa político.

Cuanto más preciso y ajustado a las estimaciones sea el funcionamiento de todos los ámbitos de la sociedad que le dan vida, evidentemente será una sociedad menos proclive a los conflictos. Pero fuera del papel, las sociedades son organismos vivos que mutan de manera constante, y esta mutación produce desajustes que a veces cuesta mucho corregir.

No planteamos hoy cuestiones morales ni legales, sino simplemente el impacto económico que en la investigación y la formación tenga –porque lo tiene- la corrupción.

Si bien no es un campo muy estudiado y analizado como otros, por ejemplo de la austeridad en el gasto o la expansión monetaria, se está empezando a dar importancia a su aporte doctrinario. Es el caso del Dr. Friedrich Schneider, profesor de economía de la Johannes Kepler Universitat, de Linz, Austria, reconocido experto mundial por sus estimaciones sobre el impacto de la economía sumergida, que señala que el coste de la corrupción en España está en torno al 1% del PIB, o sea unos 10.000 millones de euros anuales. Un dato que asusta.

Pero es más, las estadísticas también preocupantes son las que da el Banco Mundial, que cifra la incidencia de la corrupción para los países miembros de la OCDE, entre el 0.5% y el 2% de toda la riqueza nacional de sus miembros, lo que es francamente preocupante.

Las consecuencias en cualquier sociedad, incluso en los países más desarrollados, es el impacto directo en los recursos que ese país pueda disponer en sus presupuestos, ya que se le están quitando como a un niño que rompiese una hucha gigante.

No cabe duda, y las estimaciones más serias como las de Schneider lo ratifican, que la corrupción obstaculiza la salida de la crisis, genera inestabilidad política, además de tener repercusión en la imagen como país y su consecuencia directa en la confianza que los inversores extranjeros tengan para decidir invertir en el corto plazo. Por tanto, no se exagera si se le tilda de depredadora de recursos que se le quita a la sociedad, afectando ámbitos tan sensibles como la educación, sanidad e investigación científica.

La organización Transparencia Internacional calcula que el coste de la corrupción se manifiesta también en Europa en que entre un 10 y un 20% de contratos públicos se pierden directamente derivado de ella. Bruselas estima la corrupción en torno a los 120.000 millones euros anuales, lo que representa el 1,1% del PIB europeo global. Esta magnitud sería, por ejemplo, la riqueza conjunta de tres países latinoamericanos como Honduras, El Salvador y Nicaragua. Un auténtico despropósito.

En el caso de España puede decirse que la sociedad española ha sido muy permisiva en el pasado y que ni siquiera han tenido un coste electoral. Aproximadamente según Transparencia Internacional, el 70% de los políticos imputados por casos de corrupción han vuelto a ser elegidos en las últimas elecciones.

Sabemos también que la economía sumergida gira en torno al 20% de la riqueza.

¿Por qué insistimos hoy en este enfoque?

Porque lo que está en juego es, más allá del impacto negativo de las cifras, que lo tiene y en demasía, creemos que más importante es la crisis de valores que hay que recuperar como sea. Esto se ve claramente en las contradicciones que nos muestran estadísticas como las que da Keith Salmon, de la Oxford Analytica (un think tank), en que por ejemplo, España ocupa el puesto nº 30 en transparencia de un total de 176 países, cuando en realidad somos la doceava economía del mundo.

Este lobby ve con la misma preocupación en términos económicos que algunos países europeos como es el caso de España y otros mediterráneos fuesen considerados como si se tratase de países latinoamericanos, región tradicionalmente castigada por la corrupción política.

El sistema (gasto en educación) influye de alguna manera en reposicionar a España en el buen camino. Si bien España gasta más que la media de la OCDE, el problema es la eficacia de cómo se asigna. En 2012 el gasto de educación pública ha sido de 47.000 millones, que es más o menos el 4,55% del PIB, aunque el máximo se da en 2009, que fue poco más de 53.000 millones, un 5.07% del PIB.

A pesar de eso, España está en las últimas posiciones mundiales, por lo que la eficacia del gasto es cuestionable, ya que el nivel de universitario medio español es equivalente a un bachiller finlandés.

El 80% del coste se dirige solamente a cubrir el sueldo de los docentes, lo que es más alto que en otros países. El coste laboral por docente en la primera etapa del bachiller supera la media de los países de la OCDE, con 1.193 dólares.

A pesar de todo esto, la inversión que hace el estado español en los universitarios es significativa, ya que asume aproximadamente el 80% de la carrera con un coste de 11.000 euros años por alumno.

No tiene sentido producir licenciados que no van a tener posibilidades de desarrollar su labor. No se está promoviendo estudios hacia una economía productiva, carreras cortas y especializadas.

Es en este punto en que las instituciones educativas -que en nuestra opinión deben forman parte de los llamados agentes sociales y económicos- tienen que hacer escuchar su voz. Cuando días pasados se reunió el gobierno español con los sindicatos UGT y CCOO, además de la patronal CEOE, la información como siempre que se da en estos casos es que se habían reunido los agentes sociales y económicos con el Gobierno. Pero esto no es abarcar todo el espectro social básico de un país. Es imposible reunir a todos los sectores de una sociedad, pero al menos, aquellos engranajes que son vitales para el funcionamiento de cualquier estado, como es el caso de la educación, deben de tener representación política en estas mesas de poder.

La asignación de las partidas presupuestarias iría mejor si se le exigiese tener en cuenta a la educación, incluyendo la investigación científica y tecnológica, así como la concesión de becas.

Lo que no es de recibo es que únicamente funcione la tijera del recorte cuando lo que tiene que cortarse con otro tipo de tijera es el gran agujero negro que se produce en cualquier estado por la corrupción.

De haberse evitado el porcentaje de PIB que se diluye por corrupción en la Unión Europea, los planes de infraestructuras prometidos hace ya tres años después de que aflorara la crisis griega, hubiesen sido puestos en marcha mucho antes de lo que en este año 2014 han vuelto a ser prometida su pronta implementación. Los tiempos que se pierden en política nunca jamás se recuperan. Por tanto, la corrupción es además de un depredador de recursos para la educación y la investigación, un factor de mal uso del tiempo que, en el mejor de los casos, pueda recuperarse en parte al cabo de cinco o seis años de excelente gestión en el ámbito educativo y de la investigación.

Hace ya muchos años, modelos macroeconómicos como el de Hicks-Samuelson proponían que la variable educacional se incorporara con el mismo valor e importancia a otras como demanda interna, masa monetaria, tipos de interés, etc. La cuestión es que no estamos tan seguros de que se haya traducido a los programas de políticas sociales y económicas de crecimiento en la medida que hubiese correspondido. Pero justamente es hora que la sociedad virtual y del conocimiento en la que nos hemos instalado, de lugar en las mesas de decisiones de alta política, al más importante intangible de cualquier sociedad: la formación y capacitación de sus ciudadanos para lograr un alto nivel de desarrollo, a través del I+D+i, que el nuevo modelo productivo surgido a partir de las nuevas tecnologías exige. Comprender esto por la clase política es el primer paso hacia un cambio copernicano en la variable educacional que cualquier país desarrollado requiere. Y lo más importante: se reducirá sustancialmente el paro estructural que tanto daño hace.

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