La ley antimorosidad es ineficaz

La Ley 3/2004 antimorosidad no ha conseguido frenar la problemática que implica las grandes tasas de morosidad tanto en el sector público como en el privado, según un informe.

La Asociación de Profesionales en la Gestión del Riesgo de Crédito y Cobro (APGRI) ha colaborado con el Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School en la realización del informe: ‘¿Cómo pagamos hoy en día?’, un estudio elaborado por el profesor Pere Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de EAE y presidente de APGRI sobre la implementación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, diez años después de su promulgación. En el informe, se realiza un análisis de la legislación contra la morosidad en operaciones comerciales, y realiza una comparativa de los principales indicadores de España frente a la Unión Europea.

Según el estudio, España cuenta con un ratio de impagos sobre facturas vencidas que duplica la media europea: 5,7%, frente al 2,85%, que provoca elevadas pérdidas económicas a las empresas acreedoras. Además, el plazo medio de pago de las operaciones B2B ha aumentado hasta los 95 días, por lo que casi duplica la media europea, fijada en 47 días.

Los principales motivos de riesgo de impago para el tejido empresarial son los elevados plazos de pago, que causan a las empresas altos costes de orden financiero para sostener su tesorería, el importe de las cuentas de clientes por cobrar en los balances de las empresas españolas, que es más del doble del de las de UE, o los costes financieros que deben afrontar las empresas españolas para financiar sus cuentas de clientes, una de las causas por las cuales las empresas españolas son menos competitivas en un mercado global, ya que por ejemplo triplican los costes respecto a las empresas del norte de Europa.

El 83% de las empresas españolas evita acudir a los tribunales para reclamar deudas debido a la lentitud de la justicia, mientras que el 60% opta por renunciar a parte de las cantidades adeudadas para así reducir la deuda adquirida. Además, el 70% de los empresarios se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a los 60 días.

Brachfield destaca que, en el tejido empresarial español, los principales afectados por la morosidad son PYMES, microempresas y autónomos, a los que los altos índices de morosidad suponen importantes problemas de liquidez.

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