¿Cómo investigar fraude en tu propia empresa?

El pasado 11 de Febrero, el Tribunal Constitucional dictó sentencia en la cual señala que no pueden utilizarse como prueba de infracciones laborales las grabaciones obtenidas mediante sistemas de videovigilancia.

El caso 

La sentencia trata el caso de una universidad que procedió a sancionar a un trabajador por faltas de asistencia y puntualidad. La prueba de los hechos estaba constituida, casi con exclusividad, por las filmaciones obrantes en el sistema de videovigilancia del centro, que reflejaban las horas efectivas de entrada y salida del trabajador.

Los argumentos 

El TC entiende que dichas grabaciones constituyen un fichero de datos de carácter personal, cuya adquisición, custodia y tratamiento deben respetar lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Al respecto, la sentencia recoge que el concepto de datos personal

Por ello, siendo la finalidad del sistema de videovigilancia la protección de las instalaciones, su uso en sede laboral disciplinaria supone una finalidad no comunicada al afectado (el trabajador) y, por ello, contrario a la LOPD, sin que de nada sirva, a estos efectos, la existencia de rótulos informando sobre la grabación de imágenes.

Videovigilancia vs. Investigación Privada

La instalación de sistemas de grabación es un método de uso habitual por detectives privados en la investigación y prueba de hechos. Dichas instalaciones, temporales y originadas en una investigación concreta, no constituye sistemas de videovigilancia a los efectos de la instrucción 1/2005 de la Agencia Española de Protección de Datos. La propia Agencia, determinó esta distinción en su expediente E/01008/2009. Con anterioridad, la Agencia ya había establecido que los detectives privados están legalmente habilitados para la obtención y tratamiento de datos de carácter personal, por lo que no se exige el consentimiento (ni conocimiento) del afectado para dicho tratamiento (entre otros, expediente E/00778/2005). Por ello, estas instalaciones, cuando se realizan por un detective privado legalmente habilitado, no requieren ser anunciadas ni notificadas.

El TC también ha analizado este tipo de métodos de investigación y prueba en varias sentencia, la principal de ellas la 186/2000, estableciendo su legalidad siempre que se respeten los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta. El TC también entendió que no es necesario notificar la existencia del sistema de grabación:

La reciente sentencia del TC viene a reafirmar la conclusión de la mejor opción para la investigación y prueba de deslealtades laborales es la contratación de detectives privados legalmente habilitados.

Por otra parte, desde hace ya años, el análisis del ordenador laboral es una herramienta imprescindible en la mayoría de investigaciones en materia de deslealtades, especialmente respecto de mandos medios y directivos.

Hace un año, una importante empresa acudió a GRUPO HAS con un problema: existían fundadas sospechas de que un socio y co-administrador estaba constituyendo una sociedad competidora.

Una investigación preliminar evidenció que un familiar directo del directivo había constituido una sociedad de objeto social “compatible” con la de nuestro cliente, en la cual participaban, también, ex-colaboradores de éste. En resumen, la investigación inicial confirmó las sospechas de nuestro cliente. Quedaba, no obstante, descubrir y probar la participación del directivo en la sociedad y la efectiva concurrencia de las actividades de ésta respecto de las de nuestra contratante.

Para ello, GRUPO HAS diseñó una estrategia doble. Por un lado, se realizaría una investigación del contenido del ordenador del directivo. Por el otro, se contactaría con empresas que habían dejado de contratar a nuestro cliente, para averiguar quién les prestaba ahora ese servicio y, de ser la firma competidora descubierta, con qué persona mantenían las conversaciones.espia

El resultado de ambas líneas de investigación fue concluyente. La investigación del ordenador evidenció la existencia de múltiples mensajes de correo electrónico recibidos y emitidos por el directivo a la sociedad competidora, recibiendo información y dando las instrucciones necesarias, evidenciando en todo momento su condición de administrador de hecho de la misma. De la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre este caso:

Además, se descubrió y acreditó el acceso y uso en favor de la competidora de información interna de clientes, el uso de recursos humanos de nuestro cliente en proyectos de aquella y la implicación en la deslealtad de algunos trabajadores, así como el carácter efectivamente concurrente de sus actividades.

La investigación con antiguos clientes, por su parte, evidenció que éstos estaban siendo atendidos por la firma competidora y que las conversaciones las mantenían con el directivo investigado y un trabajador desleal de la propia empresa cliente.

La sentencia de la Audiencia, tras un detallado análisis, sanciona la legalidad y relevancia de la investigación y declara la razón de nuestro cliente y el cese del directivo como administrador.

Legalidad constitucional

La legalidad de las investigaciones respecto del contenido del ordenador laboral había sido ya abordada y sancionada en varias sentencias.

En Octubre de 2013, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que analizaba la legalidad de este medio de investigación, en un supuesto donde, a partir de sospechas respecto de la actuación de un directivo, se procedió al análisis del contenido de su teléfono móvil laboral (mensajes SMS) y de su ordenador, incluyendo los correos electrónicos. El TC señala la procedencia de entrar en el fondo del asunto ya que “Cabría así complementar y seguir perfilando el alcance de los derechos fundamentales indicados en el ámbito de las relaciones laborales, cuando el empresario ejerza su poder de vigilancia sobre las herramientas informáticas de la empresa puestas a disposición de sus trabajadores; en este caso, específicamente, sobre el contenido de sus correos electrónicos”.

La sentencia reitera la legalidad de este tipo de investigaciones, descartando la existencia de una expectativa razonable de privacidad cuando existe una asignación del ordenador para los cometidos laborales del trabajador. Igualmente, señala que el acceso a los e-mails almacenados en el ordenador no afecta al secreto en las comunicaciones, ya que dicho acceso se produjo “cuando el proceso de comunicación podía entenderse ya finalizado” (FJ 4, in fine).

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