El Gobierno y todas las Administraciones incumplen la Ley de Morosidad, cuatro meses después de su aprobación

“Un proveedor tarda 158 días en cobrar sus facturas a la Administración”, denuncia Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Y encima tiene que pagar el IVA por adelantado cuando emite la factura”, remacha. ¿Para qué sirvió la Ley de Morosidad aprobada hace ahora cuatro meses? Según el informe de seguimiento hecho público hoy por ATA, sólo ha servido para retrasar aún más el periodo medio de cobro de las empresas y autónomos españoles hasta los 103 días de media, incluidos en el cómputo el sector público y el privado. Y ello, porque ha disparado la media aquella concesión hecha por la ley a las empresas constructoras, a las que amplió el plazo de pago de los 90 a los 120 días. Esto último sí que se está cumpliendo, mientras que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos no están cumpliendo la reducción prevista a 55 días en 2010. Según ATA, sólo la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y algunas empresas públicas se han puesto al día en el cumplimiento de esta ley.

Ni el Gobierno está cumpliendo la ley. Lo primero, porque no ha puesto en marcha la línea ICO prevista para financiar el pago de la morosidad. En segundo lugar, porque no se ha atrevido a publicar mensualmente el libramiento de pagos de las administraciones, para conocer el cumplimiento o no de periodos de pago. Y en tercer lugar, tampoco ha arrancado el Observatorio de seguimiento que la propia ley contemplaba como garantía de funcionamiento. “Lo primero que pedimos -dice Lorenzo Amor (ATA)- es que no contraten aquello que saben que no pueden pagar, porque los autónomos y pymes estamos financiando a la Administración, cuando debería ser al revés”.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Morosidad lejos de frenar los índices de morosidad, se han incrementado. Así, más del 90% de las Administraciones Públicas incumplen con la ley de morosidad. “A día de hoy -señala Lorenzo Amor- se puede contabilizar la deuda que las Administraciones Públicas tienen contraídas con las empresas y autónomos en más de 34.000 millones de euros”.

El informe presentado sobre el impacto entre el colectivo de la Ley de Morosidad arroja datos devastadores: el 64% de los autónomos se ha visto afectado directa o indirectamente por la morosidad, tanto pública como privada. A este respecto, Lorenzo Amor, presidente de ATA, afirma que “la morosidad es un verdadero lastre que ha provocado el cierre de más de 200.000 autónomos desde el inicio de la crisis. Si no se pone remedio y se cumple la ley, a lo largo de 2011 podrían verse abocados al cierre otros 100.000 trabajadores autónomos”.

ATA denuncia que hay un incumplimiento de la Ley desde el Gobierno en tres sentidos. El primero es que no se ha puesto en marcha la línea ICO Morosidad para que los Ayuntamientos puedan hacer frente a las deudas que tienen contraídas con los autónomos y las pequeñas empresas. “La ley establece su creación en un plazo máximo de 30 días desde su entrada en vigor -señala Lorenzo Amor- pero ya han pasado más de 120 días y aún no hay noticia alguna sobre su puesta en marcha salvo las declaraciones de Elena Salgado en las que anuncia que solo la pondrá en marcha si no eleva el déficit, olvidándose que lo que se tiene que hacer es cumplir la ley. Es más, La Ley de Presupuestos Generales para 2011 tampoco contempla su creación”.

En segundo lugar, no se ha elaborado el informe trimestral correspondiente sobre el cumplimiento de la ley. La Ley establece que el Interventor  General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Tesoreros de las Corporaciones Locales tienen la obligación  de elaborarlo incluyendo el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Y, por último, no se ha puesto en marcha el Observatorio sobre Morosidad.

Desde la ATA se hace un llamamiento para que, tanto las Administraciones Públicas como Privadas, cumplan con la Ley de Morosidad. “Para garantizar el cumplimiento de la misma, afirma Lorenzo Amor, se deberían dejar de encargar trabajos a autónomos y empresas que no se pueden pagar en tiempo y forma”.

El presidente de ATA también pone de manifiesto que para  el correcto desarrollo y cumplimiento de la Ley se hace necesario que se publiquen mensualmente los libramientos y pagos de las Administraciones y del resto de organismos autónomos a las empresas, para que los autónomos sepan cuando se ha realizado el pago por parte de las Administraciones y puedan reclamar su deuda. Dentro de este contexto, se debería permitir a los Ayuntamientos refinanciar la deuda que tienen contraída, y en ningún caso ampliarla.

Por último, Lorenzo Amor ha hecho suya una vieja reivindicación de la ATA: la necesidad de desarrollar una proposición de Ley que permita que los autónomos paguen el IVA de las facturas cuando las cobren y no cuando las emitan. “Es necesario -afirma el presidente de ATA- que se tramite ya esta medida por vía de urgencia, dado que, con la actual coyuntura económica, que un colectivo tan duramente castigado como el de los autónomos, con la morosidad y la falta de acceso al crédito que padece, tenga encima que financiar a través de un IVA del 18% a las Administraciones, supone una gran injusticia”.

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