Proposición de ley sobre la insolvencia personal y la protección frente al endeudamiento

Artículo por: Gonzalo Quiroga Sardi, socio AGM Abogados, responsable Comisión de Morosidad de ASSET y miembro del Grupo ECOFIN – Cobros. 

En marzo de 2014 se aceptó esta Proposición de Ley, pendiente de iniciar su tramitación parlamentaria.

Según el contenido del texto, se trata de establecer un sistema muy similar al de la mediación concursal, recientemente aprobado para empresas o empresarios individuales que se encuentren en situación de insolvencia siendo el pasivo inferior a 5 millones de euros, y aplicarlo a personas físicas que no sean autónomos o empresarios individuales.

En definitiva, se propone una suerte de concurso, o mejor dicho de mediación concursal, de persona física que no sea empresario o autónomo y se encuentre en situación de insolvencia por determinadas causas objetivas:

1- Situación de insolvencia:

El pago de deudas supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar.

2- Situaciones objetivas que provocan el sobreendeudamiento:

Entre otras:

a) Desempleo

b) Precariedad o temporalidad del empleo.

c) Incapacidad temporal o permanente.

d) Divorcio.

e) Pérdida de la vivienda habitual como consecuencia de ejecución judicial.

En cuanto al mecanismo previsto para la tramitación de este procedimiento pendiente de aprobación, es muy similar al de la mediación concursal consiste en:

1- El interesado solicita al Notario el nombramiento de un mediador incluyendo una relación de ingresos y créditos pendientes.

* La admisión produce la paralización de las acciones pre – judiciales y judiciales contra el solicitante y el devengo de intereses.

* Para garantizarlo el Notario notificará al Banco de España para que lo haga constar en la central de riesgos.

*El deudor no podrá contraer nuevos créditos sin autorización del Notario / mediador.

2- El, notario, que hará de mediador, junto a los profesionales que crea conveniente inicia el estudio de la situación hasta que propone a los deudores un plan de saneamiento, con las correspondientes quitas y esperas y abre un período de negociación de TRES MESES para que alcancen un CONVENIO DE PAGOS. Durante este período se garantizará a la persona física el abastecimiento de suministros esenciales: agua, luz, electricidad, …

a) Si existe convenio, el plan de saneamiento tendrá carácter vinculante y obligatorio para todos los acreedores.

b) Si se incumplen los pagos del plan de saneamiento los acreedores quedan libres de ejercitar las oportunas acciones judiciales.

c) Si no se alcanza convenio de pagos se iniciará la tramitación de la situación de insolvencia del interesado bajo las reglas del Concurso de acreedores, con algunas peculiaridades entre las que cabe destacar que puede ser el Juez el que:

• Establezca obligatoriamente un plan de pagos.

• Suspenda la eficacia de las garantías personales de los créditos.

• Suspenda el devengo de intereses.

En mi opinión es cierto que hay que tomar medidas para evitar que el impago de deudas en aquellos casos en los que, por una imposibilidad sobrevenida de pago, supongan automáticamente la muerte civil del deudor, poniéndolo en situación de riesgo de exclusión social.

No obstante, creo que esta solución, de aprobarse la Ley en estos términos y sin modificaciones, no resulta adecuada y puede causar numerosos daños y frustraciones de expectativas de cobro que, a su vez, pongan en aprietos de pago a los acreedores, convirtiéndolos en deudores de otros, obligándoles a reducir plantillas y, en definitiva, mermando inesperadamente sus potenciales ingresos de cuanto se les adeuda y poniendo a otras personas en la misma situación que la que se pretende evitar con la norma.

Como principal crítica, a título personal, considero que no es acertado equiparar el hecho de que un empresario individual o autónomo pueda acudir a la mediación concursal con que pueda hacerlo cualquier persona física.

Cuando se toma la decisión de conceder crédito a un autónomo, al igual que ocurre con las empresas, se tiene en cuenta y se valora que sus ingresos y su actividad profesional van íntimamente ligados y se exigen mayores garantías, pruebas de facturación media, trabajadores contratados y marcha de su actividad. El que ha concedido crédito a un consumidor o empleado por cuenta ajena, sin embargo, no prevé la posibilidad de que su crédito acabe en un procedimiento concursal y, por tanto, no ha tomado las mismas medidas en el estudio del riesgo.

Por ello, una regulación como la descrita podría ser una solución si se aplica a deudas adquiridas a partir de la fecha de su entrada en vigor, pero si se aplica a deudas anteriores puede causar importante perjuicios a terceros.

 

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