Es hora de pagar culpas y regenerar la Política

“Es hora de pagar, no de pactar”, dicen en el PSOE; mientras el presidente Mariano Rajoy pedía públicamente ayer perdón a todos los españoles. Los 51 detenidos por la Guardia Civil (un alcalde socialista, un independiente y muchos del PP) han arrasado con el principio de pacto entre PSOE  y PP para sacar adelante la Ley anticorrupción y por la transparencia que ya prometiera hace diez años el presidente ZP. En fin, que cada palo aguante su vela. Y la sociedad española a verlas venir y a no tener más alternativa que creer las promesas de nuevos partidos no contaminados por la corrupción.  Parece el principio del fin del bipartidismo.

Más de mil procesos judiciales están abiertos en este momento contra políticos y altos cargos del PP, PSOE, CiU, IU, partidos nacionalistas, regionalistas e independientes. No se salva nadie, salvo los que aún no tocaron poder y, por ende, la ausencia de tentación no les da más que una apariencia de bondad. Hablo, sobre todo, de la Unión Progreso y Democracia de la ex socialista Rosa Díez y del irreverente Podemos del ex militante comunista Pablo Iglesias. Por tanto, sabemos de dónde vienen, pero no a dónde van.

Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es el impacto negativo en el corazón de todos los españoles reflejado en esos nuevos chistes presentes en redes sociales y programas de televisión de máxima audiencia: “¿Sabes cuál es la capital de España? Sí, Suiza, porque es allí donde está el capital de España”.

Sólo políticas ejemplares de regeneración lideradas por una legislación anticorrupción servirían para arrasar este sentimiento lánguido de que a todos nos duele España. Un sentimiento de resignación que ya arrasó a la España del tránsito del siglo XIX al XX y que ahora amenaza de nuevo a la política española y a la recuperación económica.

Torpedear el pacto anti-corrupción

”No ha habido, ni hay, ni habrá acuerdo con el PP”, ha dicho César Luena, secretario de organización del PSOE. Y ayer el portavoz socialista Antonio Hernando remachaba que “es hora de pagar, no de pactar”. Por tanto, adiós a un pacto de estado para regenerar la política; pero que amenaza con arrasar el bipartidismo y la credibilidad en el sistema.

La herencia socialista en este sentido no es muy positiva. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero bailó aquello de ‘un pasito palante y dos pasitos patrás’. Leía un artículo de ‘El Periódico’ en el que en 2008 ya se quejaba amargamente de la decepción con ZP en este sentido durante su primera legislatura a la que llegó abanderando –hace ya 10 años- el estandarte anti-corrupción.

Zapatero al llegar a la Moncloa sometió a los altos cargos del Gobierno a un código ético, endureció por ley su régimen de incompatibilidades y reguló el poder local para impedir las corruptelas urbanísticas. Pero poco a poco ese fervor inicial fue congelando la implantación de medidas reales.

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Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Así lo relata el diario catalán:

“Viernes, 10 de diciembre del 2004. Solo ocho meses después de asumir la cartera de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ufano, presentaba ante el Consejo de Ministros una exhaustiva batería de medidas destinadas a cumplir el programa electoral del PSOE sobre regeneración democrática. El documento constaba de tres apartados: un “programa de actuaciones para el buen gobierno”; un “Código del buen gobierno”; y el proyecto de ley que regulaba los conflictos de intereses de los miembros y altos cargos de la Administración.

El Gobierno publicó en el BOE su flamante código ético, que condenaba a quienes lo vulnerasen a la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Al tiempo, remitió al Congreso el citado proyecto de ley, que imponía a los altos cargos “dedicación exclusiva” a la actividad pública; les prohibía aceptar obsequios; y, como medida más llamativa, forzaba a ministros y secretarios de Estado a publicar en el BOE su registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales. Medida, esta última, orientada a arrojar luz sobre el patrimonio de los gobernantes y conjurar la codiciosa tentación del poder.

La ley de conflictos de intereses entró en vigor el 10 de abril del 2006, pero los altos cargos que debían publicitar sus patrimonios a través del BOE jamás lo han hecho. ¿La razón? Que el artículo 15.4 de la ley establecía que se produciría “en los términos previstos reglamentariamente”, y el reglamento jamás ha llegado al Consejo de Ministros.

Este olvido cobra mayor relevancia por cuanto la propia ley establecía un calendario taxativo aunque burlado: “El Gobierno aprobará en el plazo de cuatro meses … las normas reglamentarias que exija la aplicación y desarrollo de esta ley.” El plazo legal expiró el 10 de agosto del 2006, hace justamente dos años.

Aunque el 25 de octubre el ministro Sevilla envió un borrador del decreto al Consejo de Estado, que el 21 de diciembre avaló el texto, el reglamento se perdió. Antes de cesar, el 9 de julio del 2007, Sevilla tuvo seis meses para aprobarlo, y su sustituta, Elena Salgado, lleva ya 13 meses en el cargo sin hacer nada al respecto. Lo que ha hecho ha sido que la Oficina de Conflictos de Intereses informe semestralmente al Congreso sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos, como dicta la ley. Pero ningún informe ha llegado a la Cámara baja.

Similar suerte han corrido las leyes contra la corrupción municipal. La reformada ley del suelo obligaba a alcaldes y concejales a hacer pública cada año su declaración de bienes, pero “en los términos fijados en el Estatuto municipal”. Como tal figura se regulaba en la ley de régimen local, que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura, esta laguna jurídica exime a los ediles de cumplir este mandato legal. Solo lo hacen, por voluntad propia, los de Gijón y Valencia”.

Con estos mimbres, muchos pierden la fe.

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